SAN FRANCISCO, 27 de agosto de 2020 — La organización « San Francisco AIDS Foundation » expresa su enfado y decepción porque el proyecto de ley de la Asamblea de California (AB) 362 no se aprobará en esta sesión legislativa. El AB 362 no ha sido rechazado, pero no se someterá a votación antes de que termine la sesión legislativa. El AB 362 habría permitido a San Francisco y Oakland autorizar programas piloto de prevención de sobredosis, también conocidos como servicios de consumo supervisado, que han demostrado prevenir las muertes por sobredosis y mejorar la salud de las personas que consumen drogas ilegales.
«Este nuevo retraso en la puesta en marcha de los servicios de consumo supervisado en el área de la Bahía de San Francisco va a costar vidas», ha dicho Laura Thomas, directora de políticas de reducción de daños de San Francisco AIDS Foundation. «En San Francisco muere una persona al día de media por sobredosis; hemos perdido más vidas por sobredosis que por la COVID-19 desde que empezó el confinamiento aquí. Estos programas basados en la evidencia son ahora aún más importantes para nuestras comunidades durante la respuesta a la COVID-19. Ya hemos perdido a demasiadas personas mientras esperábamos a que la Asamblea aprobara este proyecto de ley».
El senador Scott Wiener, uno de los autores del proyecto de ley AB 362, sigue apoyando los espacios de consumo supervisado y tiene previsto volver a presentar un proyecto de ley en diciembre. La fecha más temprana en la que podría entrar en vigor una nueva ley es el 1 de enero de 2022.
«Me parte el corazón y me decepciona mucho que se haya dejado que este proyecto de ley caiga en el olvido. La mayoría de los habitantes de San Francisco apoyan estos servicios y la Asamblea Legislativa no ha hecho lo necesario para salvar la vida de muchísima gente», dijo Joe Hollendoner, director ejecutivo de San Francisco AIDS Foundation. «Sin embargo, el destino de este proyecto de ley no será el destino de nuestra lucha por los espacios de consumo supervisado que salvan vidas. San Francisco AIDS Foundation seguirá centrada en allanar el camino para esta solución basada en la evidencia y no pararemos hasta que estos servicios sean una realidad en San Francisco».
La SFAF fue una de las entidades copatrocinadoras de la ley, junto con la Asociación de Directivos de Programas contra el Alcoholismo y la Drogadicción de California (CAADPE), la Sociedad de Medicina de las Adicciones de California, la Alianza para las Políticas sobre Drogas, la Coalición para la Reducción de Daños, HealthRIGHT360 y el Centro de Tratamiento de Tarzana. El proyecto de ley contó con el apoyo de la ciudad y el condado de San Francisco, la Cámara de Comercio de San Francisco, la Fiscalía del Distrito de San Francisco, la Defensoría Pública de San Francisco, la Asociación Médica de California, la Red de Profesionales Sanitarios del VIH/SIDA y un amplio abanico de organizaciones dedicadas al VIH, la asistencia sanitaria, los servicios sociales y la justicia social de todo el estado. El fiscal general de California, Xavier Becerra, escribió una carta de apoyo al proyecto de ley y presentó un escrito de amicus curiae en apoyo de un grupo de Filadelfia que tenía previsto abrir un centro.
Las muertes por sobredosis son la principal causa de muerte accidental en EE. UU., con más de 70 000 vidas perdidas cada año por este motivo. En San Francisco, las muertes por sobredosis no han dejado de aumentar desde 2016, con incrementos considerables en el número de fallecimientos causados por sobredosis de fentanilo y metanfetamina en los últimos años.
Los servicios de consumo supervisado también se conocen como centros de inyección segura, instalaciones de inyección segura (SIF) o programas de prevención de sobredosis. Aunque estos servicios funcionan legalmente en todo el mundo, en EE. UU. no hay ningún centro autorizado.
Una evaluación reciente de un centro de consumo seguro que opera de forma clandestina en EE. UU. reveló que, tras seis años de funcionamiento y más de 10 500 inyecciones, se registraron 33 sobredosis y ninguna muerte por sobredosis en el centro.
También se ha demostrado que los servicios de consumo supervisado, o programas de prevención de sobredosis, reducen el consumo de drogas en la vía pública, mejoran la salud y la seguridad en los barrios, reducen las enfermedades infecciosas, suponen un ahorro de costes y facilitan el acceso al tratamiento de la adicción y a otros servicios médicos y sociales.
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