Cuando se pusieron en marcha las medidas de confinamiento en California, enseguida me sentí animada por una sensación de fuerza interior. A pesar de mi miedo, encontré consuelo y tranquilidad al pensar que todos los estadounidenses iban a vivir —y a hacer frente— a una amenaza común de forma colectiva.
Nos quedaríamos en casa. Nos lavaríamos las manos. Mantendríamos la distancia física entre nosotros. Nos uniríamos como no lo habíamos hecho en mucho tiempo. La COVID-19 sería un factor de unión extraordinario en nuestro país, que ahora está tan dividido.
Esa sensación de armonía se vio rápidamente sustituida por el miedo y la incertidumbre. Lo que nunca hubiera imaginado que se convertiría en tema de política partidista acabó siendo un asunto rodeado de mentiras y acusaciones por parte de los que están en el poder. Estaba claro que los intereses contrapuestos acabarían provocando dolor, sufrimiento y muertes innecesarias.
Lo más preocupante fueron los informes sobre las desigualdades relacionadas con la COVID-19 en cuanto a las tasas de infección, la gravedad y la mortalidad en las comunidades de minorías étnicas.
Desde el punto de vista de la salud pública, quizá no sea ninguna sorpresa, pero aun así resulta devastador cuando lo ves en la realidad.
Sabemos que las desigualdades estructurales de nuestra sociedad provocan mayores índices de otras enfermedades—como la diabetes, la hipertensión, el cáncer o las enfermedades cardíacas, por nombrar algunas— en las comunidades de color. Como estas afecciones hacen que las personas sean más vulnerables a sufrir consecuencias graves de salud a causa de la COVID-19, es lógico que los efectos de la COVID-19 sean más graves en la comunidad negra y en otras comunidades de color.
Lo que al principio había considerado un problema habitual es, en realidad, otra de las situaciones que se ven agravadas por la desigualdad en nuestra sociedad.
Una historia bastante preocupante que he oído este último mes es la de echarle la culpa a las comunidades negras y de color por sus tasas más altas de COVID-19. La idea es que la gente de estas comunidades está optando por «no cumplir las normas»: no practican el distanciamiento social, se niegan a quedarse en casa en lugar de ir al trabajo o, por elección propia, no evitan el contacto con amigos y vecinos. Como resultado, se están contagiando del coronavirus en mayor proporción. Según esta línea de pensamiento, las personas de color están sufriendo y muriendo en mayor proporción como consecuencia de sus propias decisiones.
La verdad es que ninguno de nosotros ha elegido contagiarse de este virus. Las personas afectadas por la COVID-19 han enfermado, al menos en gran parte, sin tener culpa alguna. Muchas personas de nuestra sociedad no tienen más remedio que seguir desplazándose al trabajo e interactuando con otras personas de forma habitual, ya que son trabajadores esenciales. No pueden permitirse el lujo de trabajar desde casa, de mantener una distancia de seis pies con los demás, de llevar mascarillas protectoras eficaces —que apenas se consiguen— ni de ausentarse del trabajo cuando están enfermos. Esto es especialmente cierto para quienes tienen ingresos más bajos y menos ahorros. Por desgracia, en Estados Unidos, esto afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color.
Hasta ahora, mucha gente en nuestro país se ha resistido a aceptar que la muerte y la enfermedad dependen, en gran medida, de lo que nos toca por nacimiento. La raza y la situación socioeconómica en las que nacemos influyen mucho en nuestra salud futura. A medida que más gente ve estas desigualdades en directo y escucha las distintas voces que hablan sobre este tema, puede que este momento permita que un grupo más amplio de personas en EE. UU. se dé cuenta de esta realidad. Mi esperanza es que la toma de conciencia colectiva de que las desigualdades estructurales de nuestra sociedad perpetúan la mala salud según criterios raciales y socioeconómicos genere una demanda de sanidad universal, algo que aún no se ha consolidado en nuestro país.
Uno de los momentos que más me han hecho reflexionar al ver cómo se desarrollaba esta epidemia fue cuando el director general de Sanidad hizo una declaración sobre la importancia de lavarse las manos, pero luego añadió que no todo el mundo tiene acceso a agua corriente y jabón. Por supuesto, yo ya sabía perfectamente que las personas sin una vivienda estable no tienen acceso constante al agua corriente, al jabón ni, de hecho, a un techo bajo el que cobijarse. Pero el director general de Sanidad también se refería a personas y familias que sí tienen un techo. Pensar que nuestro país —uno de los más ricos del mundo— se queda de brazos cruzados mientras familias y comunidades enteras pasan apuros sin agua corriente es vergonzoso.
Estoy aprovechando el tiempo extra que paso en casa para dar las gracias por los privilegios que tengo. También es un momento para que todos reflexionemos sobre las desigualdades que siguen afectando a las personas de color en nuestra sociedad, muchas de las cuales la gente ignora. Como directora de Vivienda, Envejecimiento y Retención en la Atención en San Francisco AIDS Foundation, me comprometo a asegurarme de que aprovechemos este momento de mayor concienciación social sobre las desigualdades en materia de salud para abogar por cambios duraderos en las prácticas discriminatorias que afectan a la salud y el bienestar de nuestras comunidades.
Me queda la esperanza de que podamos aprovechar esta puesta de manifiesto de las desigualdades para movilizar a nuestros compatriotas y a los responsables políticos para que introduzcan cambios que garanticen la equidad sanitaria para todos.