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Dejar que las aseguradoras dicten los tratamientos perjudica a las personas que viven con el VIH

28 de enero de 2019

Cuando Herbert* se mudó a San Francisco, dejó atrás a sus amigos, a su familia y a su médico. Dejó de tener acceso a la combinación de medicamentos contra el VIH que le habían mantenido sano y le habían impedido transmitir el virus a otras personas. Se sintió aliviado cuando encontró un profesional sanitario que pudo poner en marcha su tratamiento contra el VIH utilizando una combinación de fármacos muy potente y duradera para combatir el virus. Ese tratamiento fue una intervención de urgencia que, en otras circunstancias, no habría sido de primera línea, y sirvió como «puente» hacia la terapia preferida a largo plazo que su médico le recetaría según los resultados de los análisis y los detalles de su historial médico. Las normas actuales de Medicare permitieron al médico de Herbert recetarle esa medicación contra el VIH más cara. Esa decisión no solo ayudó a Herbert a evitar ponerse muy enfermo, sino que también redujo la probabilidad de que el VIH en su cuerpo se volviera resistente al tratamiento.

Hoy en día, más del 60 % de las personas que viven con el VIH en el Área de la Bahía tienen más de 55 años y casi una cuarta parte de ellas recurre a Medicare para pagar su atención y tratamiento.

Herbert pudo recibir la atención que necesitaba, cuando la necesitaba, gracias a la política de clases protegidas de la Parte D de Medicare. Esta política garantiza que las personas tengan acceso a los tratamientos que ellas y sus profesionales sanitarios consideran más eficaces, y no solo a los que les ahorran dinero a las compañías de seguros médicos.

Esta política ha ayudado a salvar y mejorar millones de vidas, y ha contribuido a prevenir nuevas infecciones gracias al inicio temprano del tratamiento antirretroviral contra el VIH, lo que reduce la transmisión del virus y mejora los resultados médicos en las personas que reciben tratamiento desde el principio. De hecho, gracias en parte a esta política y a los esfuerzos locales por ampliar el acceso al tratamiento contra el VIH, los nuevos diagnósticos se redujeron en más del 50 % en San Francisco entre 2012 y 2016.

Sin embargo, una nueva propuesta de normativa de la Administración Trump podría eliminar estas protecciones, lo que daría a las compañías de seguros la facultad de restringir el acceso a los medicamentos que necesitan las personas que viven con el VIH.

Según la propuesta, las compañías de seguros también podrían exigir una «autorización previa» o un «tratamiento escalonado», lo que obligaría a los pacientes a probar y fracasar con tratamientos más baratos antes de poder acceder a otros más eficaces.

Sabemos que esta es una mala política. Elegir los medicamentos antirretrovirales es un proceso complejo, sobre todo para aquellos pacientes con patrones de resistencia al VIH desconocidos o sospechosos. La formación médica especializada y la acreditación son fundamentales para tomar esas decisiones, y esto es competencia de los especialistas en VIH, no de las compañías de seguros ni de sus algoritmos. Los medicamentos contra el VIH varían mucho en cuanto a efectos secundarios, y las innovaciones recientes han hecho que las terapias más nuevas sean mucho más tolerables. Elegir regímenes de tratamiento adaptados a las condiciones médicas y las particularidades de cada paciente requiere una estrecha colaboración entre las personas que viven con el VIH y sus profesionales sanitarios.

Es fundamental elegir de forma eficaz los tratamientos adecuados. Las personas que viven con el VIH dependen del acceso diario a medicamentos que les salvan la vida y no pueden permitirse el lujo de probar combinaciones de fármacos que sus profesionales sanitarios hayan descartado. Empezar con los antirretrovirales nada más recibir el diagnóstico —salvo retrasos por culpa del seguro— ofrece la esperanza de evitar nuevas infecciones. Limitar la elección de los medicamentos contra el VIH por motivos de coste e ignorar el criterio profesional de los médicos es una política pública pésima.

Que quede claro: reducir los costes del sistema sanitario es importante, pero dejar que las aseguradoras decidan qué medicamentos cubrir en el marco de Medicare para las personas que viven con una enfermedad muy contagiosa y potencialmente costosa es peligroso. Nos haría dar un paso atrás en nuestra lucha por acabar con la epidemia del VIH, algo que ahora está a nuestro alcance, a pesar de esta propuesta tan preocupante.

Toda nuestra comunidad —profesionales sanitarios, defensores, personas que viven con el VIH, el Gobierno y las empresas— ha logrado avances extraordinarios en la lucha contra la transmisión del VIH desde los peores momentos de la epidemia, y los nuevos casos diagnosticados en San Francisco se redujeron a 221 en 2017. Esta norma propuesta pondría en peligro este progreso tan importante. Por eso pedimos a nuestra comunidad que se ponga en contacto con sus diputados y les diga que se opongan a esta norma. Para encontrar a tu diputado, visita www.contactingcongress.org o llama al (202) 224-3121.

(*Se ha cambiado el nombre)